Arthur J.Giacalone

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Cuanto cuestan los parlamentos autonómicos

Cuentan que, no hace mucho, en Francia tuvieron cierta curiosidad en cómo se organizaba el Estado español. Así que nada más sencillo que realizar una visita para averiguar qué era aquello del “Estado de las autonomías” surgido de la Constitución de 1978. Tras varias jornadas recorriendo España y observando el funcionamiento de la administración y la singular configuración de un territorio que huye de la palabra “federalismo” (¿cuáles son las diferencias?), concluyeron que era muy interesante, pero que, en Francia, no podrían ponerlo en marcha. Cuestionados al respecto por los anfitriones españoles, muy interesados en exportar el modelo, la respuesta de los visitantes fue rotunda: “es muy caro”.

España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y, por ende, con otros tantos parlamentos de ámbito autonómico que reproducen el esquema del gobierno central (por fortuna, con solo una Cámara legislativa). Eso significa que existen 1.218 diputados regionales, cada uno de ellos con su correspondiente soldada y privilegios pagados a cuenta de los presupuestos autonómicos conformados por los diferentes impuestos y tasas que, día a día, gravan a los españoles.

Según las cuentas de 2012, las cámaras legislativas autonómicas tuvieron un coste de 392 millones de euros, básicamente el doble de lo que cuesta al año el Congreso de los Diputados (unos 90 millones de euros) y el Senado (ronda los 50 millones de euros). Según dichas cuentas, una simple división revela que cada diputado autonómico supone un coste para la ciudadanía española de 321.839 euros al año.

No obstante, es necesario matizar dichas cifras. En realidad, en los casi 400 millones de euros que suman los diferentes presupuestos de las comunidades autónomas también se encuentran incluidos los gastos de otras instituciones (defensores del pueblo regionales, cámaras de cuentas autonómicas) y, por supuesto, las amplias plantillas de funcionarios que dan servicio en las administraciones autonómicas. Así, las nóminas de los parlamentarios autonómicos suponen “solo” 185 millones de euros, por lo que, de media, cada el coste de cada diputado regional se reduce hasta los 151.888 euros.

En cualquier caso, son cifras nada desdeñables para una administración que, desde que se decidió que habría “café para todos”, se ha dedicado a duplicar instituciones y organismos. No deja de resultar un tanto absurdo que los mismos servicios que ofrece el Estado central existan de igual forma y con similares atribuciones a nivel autonómico. Sirva el ejemplo del Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos.

Una forma como otra cualquiera de duplicidad que lo único que consigue es engordar los presupuestos públicos y aumentar el nivel de burocracia hasta niveles esperpénticos. Sobre todo, cuando hay parlamentos autonómicos que cuestan lo mismo o más que el Senado, como ocurre con los de Cataluña (59 millones de euros) o Andalucía (46,7 millones), seguidos relativamente cerca por el de Madrid (30 millones de euros). Parlamentos para los cuales parece que la crisis apenas existe, salvo para recortar en los servicios a los ciudadanos.